“santo” y el socio Luis Cossío.
Uno de los demandantes, Raúl Quiroga dio a conocer que, en la jornada de este miércoles, la fiscalía los notificó en sentido de que la demanda interpuesta contra Martínez y otros fue admitida por el Ministerio Público y derivada ante el Juzgado Tercero en lo Penal.
“La Fiscalía admitió la querella que estamos siguiendo contra Wilson Martínez por los siguientes delitos, estelionato, agravación en caso de victimas múltiples, falsificación de entradas, supresión o destrucción de documentos y uso de documento falsificado; todos ellos contemplados en el Código Penal en sus artículos 335, 345, 202 y 203”, aseveró.
Quiroga explicó que la demanda también se extiende a otros exdirigentes “santos” y funcionarios del club, entre ellos Carlos Estrada, vicepresidente y presidente interino del club en las gestiones 2017, 2018 y 2019, Amilcar Ayala Valenzuela que fungió en el cargo de secretario General y Milenka Santibáñez que trabajó en la parte administrativa de la institución.
“Nosotros tenemos que sentar precedente todo el pueblo de Oruro para que nunca más se aprovechen en este caso del club San José porque estos señores han manejado y han administrado de la manera más horrorosa si es que el termino vale, que hasta el día de hoy vemos a jugadores mendigando y convirtiéndose incluso en panaderos”, mencionó.
Argumentó que aún se cuenta con el apoyo del Colegio de Abogados de Oruro quienes elaboraron la demanda que fue firmada por un socio del club, Luis Cossío, además de cinco hinchas, ahora resta presentar toda la documentación respectiva para sustentar la demanda y que la misma siga el curso correspondiente.
Uno de los detalles que más llama la atención a Quiroga es la deuda que se tuvo con la empresa Maclauren la cual dejó de existir hace años y por lo tanto cualquier deuda que tenía quedó extinta porque ya no existe la empresa, pero aparece un documento de conciliación para pagar esos montos por más de medio millón de dólares, algo que se debe explicar en los estrados judiciales.
MOVILIZACIÓN
Quiroga también ratificó que los hinchas se movilizarán este próximo viernes y para ello se está propiciando la llegada de barras de Cochabamba y Santa Cruz con el objetivo de propiciar la renuncia de Huáscar Antezana de la presidencia, en sentido de que hasta la fecha no solucionó ninguno de los problemas en el club orureño y por el contrario incrementó el tema de deudas, además que fue desconocido por diferentes instancias.
DOCUMENTOS
El pasado martes en algunas cuentas de Facebook indicaron que la dirigencia estuviese sacando documentación de las oficinas del club con rumbo desconocido generándose susceptibilidades en el aficionado en relación a que se estaría tratando de hacer desaparecer documentos de importancia de la institución orureña.
Ante esta situación miembros de la dirigencia señalaron que al contrario de lo que se dicta en las redes sociales, se está cumpliendo una refacción total de las oficinas del club luego de que se haya afectado los vidrios de las oficinas en la última movilización, a su vez que la documentación y mobiliario sacado de las oficinas corresponden a material desechable que se lo llevó al complejo “Húngaros del 55”.
Antecedentes del caso Martínez
La presidencia de Wilson Martínez tuvo un final abrupto en noviembre del 2019 cuando renunció a su presidencia tras varios reclamos de los socios en sentido de que había llevado al club al borde la crisis y hacer desaparecer los tres millones de dólares que San José recibió como premio por llegar a la Copa Libertadores, en esa ocasión Luis Cossío comprometió efectuar una auditoria para que salgan a la luz todas las irregularidades en el club.
A mediados de junio se presentaron los resultados de la auditoría y el Colegio de Abogados se comprometió a elaborar la demanda respectiva en contra de los exdirigentes, pero la misma carecía de legitimidad porque no contaba con la firma de los socios del club, se tuvo que esperar semanas para cumplir estos y finalmente en agosto, Cossío junto a otros cinco hinchas firmaron el documento que fue entregado al Ministerio Público.
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